Las cooperativas pedimos diálogo, pero también decisiones, que deben ser técnicas y políticas, ya que, sin medidas inmediatas y valientes, el cultivo de arroz desaparecerá de Extremadura. Y con él, se irá parte de nuestra economía, de nuestro medio rural y de nuestra identidad como región.
El cultivo del arroz en Extremadura se encuentra al borde del colapso.
No es una afirmación exagerada ni planteada sin base alguna. Aquí van algunos motivos: la superficie sembrada se reduce cada año, los costes se disparan, las restricciones aumentan y las herramientas para combatir las plagas se limitan. Y mientras tanto, el arroz producido en países terceros, donde las exigencias son prácticamente inexistentes, entra en nuestros mercados sin control. Es una competencia desleal que nos asfixia.
El sector lleva muchas campañas sorteando dificultades de todo tipo, desde años de sequía hasta normas ambientales complicadas y un escenario comercial cada vez más hostil. Hoy, sin una respuesta firme por parte de la Administración, estamos en la antesala de una catástrofe.
El arroz no es un cultivo cualquiera en Extremadura. Tenemos más de 20.000 hectáreas dedicadas a este cultivo, concentradas especialmente en la comarca de Vegas Altas, donde numerosas localidades extremeñas viven directa o indirectamente de este cultivo. Pero no solo hablamos de economía, también hablamos de identidad rural, de cohesión territorial y de biodiversidad. Los arrozales contribuyen a la conservación de humedales y hábitats de aves acuáticas, configurando un equilibrio ambiental singular.
Sin embargo, mientras se nos exige producir de forma sostenible, no se nos proporcionan herramientas eficaces para proteger los cultivos. Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura ha reclamado reiteradamente, a través de su confederación nacional, al Ministerio de Agricultura que se autorice de forma excepcional el herbicida AURA (Profoxidim 20?%), que ya se ha permitido en países como Italia, Grecia o Portugal. Así que, ¿por qué aquí no?
La solicitud de este uso excepcional es sensata y argumentada, limitada al 10-15% de la superficie nacional. Es decir, donde su uso es imprescindible, porque no pedimos carta blanca, sino coherencia. Coherencia con los principios de la propia UE, que aboga por una agricultura sostenible pero también competitiva. Coherencia con el principio de reciprocidad, que debería regir las importaciones de países terceros.
No puede ser que el arroz producido con prácticas prohibidas en Europa entre sin control en nuestros mercados, ni que desde Bruselas se autorice un producto en un país y se prohíba en otro. Esta doble vara de medir nos deja fuera de juego.
Desde Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura estamos comprometidos con el uso responsable de fitosanitarios. Apostamos por reducir riesgos y, por eso, desarrollamos herramientas como el cuaderno digital cooperativo o los sistemas de monitorización del uso de productos. Pero una cosa es reducir y otra muy distinta es renunciar. Sin soluciones técnicas, lo que se reduce no son los riesgos, sino los rendimientos y, con ello, el cultivo desaparece.
No se puede exigir una producción sostenible sin proporcionar herramientas eficaces para proteger los cultivos.
La situación en el campo es límite. Esta campaña, pese a unas lluvias primaverales que permitieron sembrar, apenas se alcanzarán las 20.000 hectáreas. Hace tan solo cuatro campañas había 26.000. El descenso es alarmante. A la escasa rentabilidad se suman los costes, los condicionantes normativos y una competencia feroz y desleal que pone en entredicho incluso la seguridad alimentaria.
No se puede usar el sector arrocero como moneda de cambio en acuerdos internacionales mientras se abandona a su suerte a los productores que cumplen la ley. Así que es urgente establecer cláusulas de salvaguarda, aranceles razonables y cupos de entrada. No hablamos de proteccionismo a ultranza, hablamos de aplicar el sentido común si queremos mantener vivo nuestro tejido agrario.
Las cooperativas pedimos diálogo, pero también decisiones, que deben ser técnicas y políticas, ya que, sin medidas inmediatas y valientes, el cultivo de arroz desaparecerá de Extremadura. Y con él, se irá parte de nuestra economía, de nuestro medio rural y de nuestra identidad como región.
Salvar el arroz no es solo una cuestión agraria. Es una cuestión de justicia.
