Demanda medidas que logren sostener la caída de precios en origen que soporta el sector desde el inicio de campaña
El sector del aceite de oliva está atravesando actualmente una de las etapas más complicadas de los últimos años, puesta de manifiesto en los últimos datos (los que hacen referencia al mes de diciembre de 2019) que ofrece la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).
Las excelentes salidas registradas en los meses de octubre y noviembre dieron un poco de aliento y optimismo al sector oleícola, que empezaba la campaña con unos stock preocupantes de 755.400 toneladas. Sin embargo, en diciembre se produjo un importante descenso en las salidas, siendo mucho más bajas de lo esperadas (114,68 toneladas) y muy similares a la campaña anterior en este mes.
Las exportaciones se vieron también muy mermadas con respecto a los dos primeros meses de campaña que ofrecían datos provisionales muy optimistas, estimándose en diciembre una cifra de exportación en torno a las 70.000 toneladas, ya por debajo de la campaña anterior en este mes. En una campaña en el que se necesita aumentar los niveles de exportación, este dato delata un menor atractivo del aceite español para los principales compradores de aceite de oliva, entre ellos Italia, que después de la imposición de aranceles buscan otros mercados más atractivos y menos gravosos para sus ventas en EE.UU., toda vez que los aceites españoles compiten en los mercados con el resto de países productores en una clara y manifiesta desventaja por la imposición de unos aranceles injustos y desorbitado, que aún podrían aumentar.
Si a todo este panorama se une el tremendo fracaso de las dos primeras licitaciones del almacenamiento privado, que no han hecho otra cosa que agravar la crisis de precios del sector, que ve como el precio del producto en origen sufren importantes descensos desde principios de campaña. De este modo, el desánimo cunde en este sector, que no encuentra además el apoyo necesario de las administraciones para defender este producto de calidad incuestionable, beneficioso para la salud, el medio ambiente y que genera tanta riqueza y empleo en importantes regiones del país, donde sin esta actividad el despoblamiento y el abandono generaría un efecto devastador en las principales zonas productoras y donde gran parte de la renta agraria viene de esta actividad muy arraigada y con un importante componente generador de empleo en zonas de olivar tradicional de difícil transformación.
Ante esta manifiesta crisis de precios, que no sólo afecta al sector oleícola pero sí lo hace de manera muy determinante en un momento de debilidad del sector productor, las administraciones no facilitan mecanismos que permitan prevenir ni compensar las graves pérdidas que sufren los productores aceiteros, principales víctimas que soportan las retrosiones motivadas por sistemas de ayudas a sectores que nada tienen que ver con el sector olivarero, ni agroalimentario español y que, de no cambiar la tendencia, podría agravarse.
Ahora más que nunca el sector olivarero, uno de los sectores más dinámicos y que más riqueza genera en la agricultura de nuestro país, necesita que el Gobierno dé un paso al frente en defensa de los intereses de los olivareros españoles y que este impulso se vea acompañado con efectivas negociaciones de la Comisión Europea.
El Gobierno español debe emplearse a fondo e intensificar sus esfuerzos por el sector oleícola, que en estos momentos sufre la exclusión de mercados tan importantes como el americano, donde la imposición de aranceles adicionales nos impide competir en igualdad de condiciones con el resto de producciones europeas y mundiales. Un ataque injustificado que da de lleno en un sector que en los últimos años ha realizado un esfuerzo muy importante, a todos los niveles, para posicionarse en el mercado norteamericano, donde los aceites españoles son muy apreciados por los consumidores y un claro referente de calidad.
Toda la sociedad debe ser consciente del momento de incertidumbre que vive una de las producciones que tradicionalmente viene siendo uno de los pilares fundamentales de la economía agraria del país y de la que se calcula que viven más de medio millón de familias que hacen sostenibles importantes zonas rurales que ven como poco a poco se pone en peligro su medio de vida.
