Los fitosanitarios, necesarios para la producción de alimentos

Paulatinamente salen a la palestra corrientes ideológicas en contra al uso de productos fitosanitarios en la agricultura de los países de la UE, creando una imagen del agricultor como un irresponsable medioambiental y clasificando de tóxicos los alimentos que produce, con una gran alarma social aunque se desconozca la realidad, que es lo contrario a todo ello. El problema es que esa alarma se convierte en presión para la Administración que termina por reducir de forma drástica las autorizaciones para la distribución y venta de muchísimos productos fitosanitarios indispensables para la defensa de los cultivos, generando con ello cada vez más dificultades para que los agricultores gestionen de forma eficaz la sanidad vegetal de sus plantaciones.

Es necesario disponer de medios eficaces para la defensa sanitaria de los cultivos ante plagas y malas hierbas y que garanticen la producción de alimentos de calidad y seguros, así como la viabilidad económica de la actividad agraria en nuestras zonas. Los productos fitosanitarios se usan desde tiempos inmemorables y son imprescindibles para evitar importantes mermas en la producción de alimentos y, con ellas, hambrunas. Según datos de la Asociación Europea para la Protección de las Plantas (ECPA) las pérdidas globales de los cultivos considerados mayores caerían entre el 30 y el 40% si no se utilizaran productos fitosanitarios.

Actualmente preocupa la producción de alimentos en el futuro, puesto que se estima un gran aumento demográfico mundial, mientras que la superficie destinada a la agricultura es fija, de 1,5 billones de hectáreas (el 3% de la superficie terrestre). En el año 1950 la población mundial era de 2.500 millones de personas, por lo que la superficie de cultivo per cápita era de 0,52 hectáreas. Este ratio bajó en el año 2000 a 0,25 hectáreas por persona y disminuirá a 0,16 hectáreas cuando la población mundial llegue en el año 2050 a los 10.000 millones de personas.

Mientras, la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha manifestado que sería necesario incrementar la producción agrícola un 40% para terminar con el hambre en el mundo para el año 2050.

Por tanto, es fundamental el aumento del rendimiento de las tierras cultivables. Si la agricultura no contara con fitosanitarios suficientes para la defensa de los cultivos, para seguir produciendo alimentos para toda la humanidad se tendrían que realizar una serie de actuaciones que podrían ser más perjudiciales que el uso de fitosanitarios de forma sostenible, porque sería necesario roturar más superficie terrestre para cultivarla, lo que conllevaría a la degradación y erosión de más suelo, a la pérdida de biodiversidad; también sería necesario consumir más recursos hídricos; aumentarían las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera al necesitar emplear más maquinaria agrícola; aumentaría la resistencia de las plagas a los pocos fitosanitarios que existieran siendo finalmente ineficaces sus tratamientos. etc. Pero los efectos negativos no solo serían de tipo medio ambientales, sino también socio-económicos, puesto que una disminución del rendimiento productivo provocaría una escasez de la rentabilidad económica agraria fomentando la despoblación en multitud de zonas rurales.

Hoy nadie defiende un uso masivo e indiscriminado de productos fitosanitarios, y menos aún los agricultores, puesto que son los más interesados en producir alimentos seguros al ser ellos mismos productores que deben optimizar sus costes, aplicadores de fitosanitarios que se exponen en su manipulación y consumidores de alimentos. El profesional de la agricultura es partidario de no usar fitosanitarios, pero a veces es la única solución para llevar a delante los cultivos. Es algo parecido al uso de medicamentos, que lo ideal es no usarlos porque implican unos efectos secundarios, pero a veces en la única solución para curar las enfermedades.

Por este motivo, la agricultura tradicional actual se practica de una forma sostenible, reduciendo al máximo el uso de fitosanitarios al contar con el apoyo de nuevas tecnologías de aplicación, la implantación de la agricultura de precisión y el cultivo de variedades resistentes a plagas y a enfermedades. Así se producen alimentos muy seguros y respetando al máximo el medio ambiente, gracias al trabajo de todos los agentes implicados en la actividad agraria, desde las empresas químicas, los agricultores, los técnicos en agronomía, los científicos, los políticos y las autoridades. Y esto también es necesario que se traslade a la sociedad, así como aclarar que los productos fitosanitarios actuales usados de forma correcta son muy seguros. Por supuesto que el riesgo cero no existe, pero están más que supervisados los procesos de fabricación, comercialización, y aplicación, así como las cosechas tratadas, en toda la UE.

Contamos con la Autoridad Europea para la Seguridad de los Alimentos (EFSA), que es el organismo que se encarga de velar por solucionar los problemas e incidencias relacionados con la seguridad alimentaria de los EEMM. Además, hay que tener en cuenta que cuando un producto fitosanitario obtiene la autorización para su puesta al mercado ha cumplido todas las exigencias del Reglamento (CE) Nº. 1107/2009 del Parlamento Europeo, asegurando una protección elevada de la salud tanto humana, como para el medio ambiente tras someter los productos a distintos ensayos en campo en diversas circunstancias y hacer una valoración de riesgos.


Otra normativa de aplicación en la UE es el Reglamento (CE) Nº 396/2005 del Parlamento Europeo, y del Consejo de 23 de febrero de 2005, que establece cuantitativamente los LMR (Límites Máximos de Residuos) que se pueden encontrar en los alimentos con destino al consumo humano y animal de las distintas sustancias, para que no suponga ningún riesgo para la salud. En muchos casos el LMR permitido es cero.

Ya en España, se puede citar el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. Esta normativa pretende conseguir su objetivo mediante la reducción de los riesgos y los efectos del uso de los productos fitosanitarios en la salud humana y el medio ambiente, y el fomento de la gestión integrada de plagas y de planteamientos o técnicas alternativos, tales como los métodos no químicos. De forma muy resumida, lo que dicta esta norma es que se utilice como último recurso en sanidad vegetal los productos fitosanitarios y de la forma más segura posible.

Por ello, los agricultores tienen la obligación de ser asesorados por un técnico en agronomía siguiendo los principios de la GIP (Gestión Integrada de Plagas) que como se ha indicado antes, se basa en utilizar diversas técnicas de cultivos y recursos para evitar en la medida de lo posible la aplicación de tratamientos fitosanitarios. Antes de la aplicación de los mismos, este técnico debe justificar que es la única solución, y expide una receta fitosanitaria recomendando realizar tratamientos con una sustancia idónea según el problema en cuestión, teniendo en cuenta que deben ser de la forma más respetuosa para el medio ambiente y la salud del aplicador.

La receta es el documento que permite la compra del fitosanitario por un profesional en un establecimiento de venta autorizado, que debe contar con un asesor debidamente formado para facilitar indicaciones de uso al aplicador en cuanto método, dosis, condiciones de aplicación, etc. El vendedor también gestiona un registro de todos los productos vendidos identificando al comprador y la superficie donde será aplicada.

Al mismo tiempo, el aplicador debe contar el pertinente carné que certifica que está en posesión de los conocimientos necesarios para hacer la aplicación de productos fitosanitarios de forma segura para sí mismo, para el cultivo y para el medio ambiente, utilizando una maquinaria que es inspeccionada periódicamente para asegurar que se tratan con las dosis recomendadas, ni más ni menos, evitando así tratamientos ineficientes que exijan repeticiones, y la liberación en exceso de sustancias tóxicas. Estos tratamientos son registrado en el cuaderno de explotación identificando las superficies tratadas, las dosis de aplicación, etc, junto con receta fitosanitaria y la factura de compra. Estos cuadernos son inspeccionados por la administración, así como las condiciones en las que se encuentran las explotaciones agrarias.

Cuando se cosecha, se hace tras superarse el plazo de espera, que es el tiempo que necesita la planta para quedar libre de residuos tras los diversos procesos metabólicos que se producen en su interior. Además de realizan diversos análisis para verificar que se cumplen los requisitos de los LMRs, y comprobar que no se han utilizado otros productos no autorizados.

Por tanto, el uso de fitosanitarios no se hace de forma indiscriminada ni sistemática. Es un uso justificado y controlado, por lo que es necesario disponer de ellos para utilizarlos cuando no tengamos otra opción porque es necesario para la producción de alimentos y garantizar la viabilidad económica de la agricultura.

Esta opción es mejor que la de importar alimentos de fuera de la UE, donde sí se tratan los cultivos con sustancias aquí prohibidas hace muchos años y que llegan a nuestra mesa, aunque también de forma segura porque se controlan los LMRs. Pero las personas que aplican los fitosanitarios y el medio ambiente de esas zonas ¿son menos valiosos que los nuestros?

Así que sería conveniente no seguir alarmando a la sociedad y que paren los lobbies que provocan la prohibición de uso de cada vez más sustancias fitosanitarias necesarias para la protección de los cultivos, es decir, para la producción de alimentos, porque aunque no sean deseables es necesario disponer de ellas en casos de ataques de plagas, de enfermedades o de malas hierbas que sean imposibles controlar de otra manera.

Por supuesto que mientras más prescindamos de los fitosanitarios, mejor, pero debemos estar tranquilos de que existen garantías cada vez mayores de que hoy día se están usando de una forma muy segura y que se están destinando grandes recursos humanos, técnicos y económicos a la investigación e innovación para que el uso de fitosanitarios vaya mejorando la calidad de los alimentos y, por tanto, la calidad de vida de los consumidores, de la forma más segura posible teniendo en cuenta también el medio ambiente.