Cuarenta años de seguros agrarios

El 28 de diciembre de 1978 se firmó la Ley de Seguros Agrarios, surgida de los Pactos de Moncloa continúa vigente en la actualidad vertebrando y definiendo las competencias de las diferentes entidades que intervienen en el Sistema de Seguros Agrarios, además de organizar un sistema de reaseguro muy eficiente que da solvencia aun en los momentos de máxima siniestralidad.

Fue la primera Ley de ámbito agrario firmada tras la Constitución Española, consensuada por la mayoría de los partidos un en momento de incertidumbre política donde la situación económica del campo español era difícil, no solo por soportar una inflación de dos dígitos sino porque la dificultad de pacto y negociación entre los diferentes partidos. Sin embargo, las dificultadas climáticas de 1974, 1975, 1976 y 1977 por fuertes sequías y grandes fríos provocaron que todos los partidos incluyeran en sus programas referencias concretas al seguro agrario y a la creación de un sistema que asegurara la rentabilidad agraria antes las adversidades meteorológicas.

Así se llegó a la Ley 87/1978 de Seguros Agrarios, con la que se creaba una Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), órgano fundamental para el funcionamiento actual Sistema de Seguros Agrarios y encargado de planificar la política de seguros agrario mediante la elaboración de los Planes de Seguros Agrarios, así como la concesión, y control de su aplicación de subvenciones para atender al pago de una parte del coste de los seguros, elaborar estudios necesarios para la mejora del seguro agrario y fomentar y divulgarlo.

Otro papel muy importante de esta entidad es el de organizar y coordinar los grupos de normativa y otros grupos de trabajo de la Comisión General de ENESA, con la participación pública de la Administración y privada de entidades como AGROSEGURO, Cooperativas y organizaciones agrarias. Unos grupos de trabajo que han resultado fundamentales para la adaptación y desarrollo del actual Sistema de Seguros.

Las comunidades autónomas también juegan un papel fundamental en la elaboración de las condiciones de los seguros, a través de Comisiones Territoriales y en particular de aquellos que afectan de modo especial a producciones limitadas a ámbitos regionales. Además, las comunidades autónomas conceden subvenciones, de forma complementaria a las de ENESA, en porcentajes muy variables según territorios y cultivos. La aplicación de las subvenciones al coste del seguro es fundamental para promover su extensión y desarrollo, sobre todo en los seguros con mayores coberturas, incrementando su contratación, aumentando la dispersión del riesgo y permitiendo un mejor ajuste entre tarifas y riesgo para evitar la tan temida antiselección.

También fue fundamental fue la constitución de un “pool” en régimen de coaseguro entre compañías privadas de seguros, cuya gestión corre a cargo de la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras Combinados, S.A. (AGROSEGURO). La compensación del riesgo que se lleva a cabo entre las entidades constituye una de las claves del desarrollo del Sistema, ya que permite que las primas recaudadas en una zona del territorio o abonadas por un determinado sector puedan ser utilizadas para indemnizar los daños registrados en otra zona o sector productivo, permitiendo la solidaridad entre territorios, lo cual es uno de los principios básicos del nuevo Sistema asegurador.

El Consorcio de Compensación de Seguros es otra entidad importante en el sistema, una sociedad estatal sujeta en su actividad al ordenamiento jurídico privado. Dependiente del Ministerio de Economía, actúa como reasegurador obligatorio de los resultados del conjunto de las líneas que lo integran. Esta entidad actúa de forma muy eficiente aportando solvencia al Sistema en los momentos que la siniestralidad acumulada supera las primas de riesgos recaudadas, evitando la dependencia de reaseguros externos y compensando de forma eficiente el exceso de siniestralidad de las entidades aseguradoras.

Consolidación del Sistema

Al analizar las indemnizaciones de los últimos años, cabe destacar que el Sistema de Seguros Agrarios ha vuelto a absorber a nivel nacional en 2018 una indemnización superior a 655 millones de euros, siendo la primera vez que durante dos años seguidos las indemnizaciones superan las primas de riesgo recaudadas. En Extremadura las indemnizaciones van a superar en 2018 los 62,7 millones de euros, con más de 18 millones de euros por el seguro de frutales, más de 8 millones de euros en los seguros de tomates, 8 millones de euros también por el seguro de compensación de pastos, 1,4 millones en los seguros de viña y 1,12 millones de euros por los seguros de cereza, entre otros.

En cuanto a superficie agrícola siniestrada en 2018 a nivel nacional, suma un total 1,3 millones de hectáreas distribuidas en más de un 1,1 millón siniestros, según Agroseguro. En Extremadura, se han superado los 10.000 siniestros agrícolas declarados, con una superficie siniestrada de más de 24.000 hectáreas.


Estas cifras confirman, en opinión de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, el buen estado de forma del Sistema de Seguros Agrarios que, gestionado por Agroseguro, ha sido capaz de agilizar el proceso de comunicación, valoración y pago de siniestro de las parcelas que tenían las tasaciones definitivas en el mes de julio, tal y como solicitó esta federación, que aglutina a las cooperativas agroalimentarias extremeñas, consciente además de que era algo complicado si se tiene en cuenta que los siniestros se sucedieron durante los siguientes meses de julio y agosto.

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura ha puesto en valor también la función del Consorcio de Compensación de Seguros, que en su papel de reasegurador del Sistema de Seguros Agrarios afianza el sistema cuando las primas comerciales son inferiores la siniestralidad, dando respuesta rápida y efectiva a situaciones de graves daños, como sucedió en la campaña 2017 cuando la elevada siniestralidad de 746 millones de euros hizo que el Consorcio tuviera que pagar un exceso de siniestralidad de 149 millones de euros o como va a suceder este año con un cúmulo de indemnizaciones superior a 700 millones de euros, posibilitando abonar las indemnizaciones en un plazo inferior a 60 días desde la recolección o final de garantías.

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura considera que el Sistema de Seguros Agrarios es complejo pero que existe una buena definición de las funciones de todos actores que intervienen en el mismo: Agroseguro como administrador del sistema con actividades tan importantes como la realización de trámites de peritación, valoración y pagos de los siniestros por cuenta de las coaseguradoras; el Estado con ENESA al frente y las comunidades autónomas interviniendo de forma directa en las mejoras y desarrollo de los seguros agrarios así como el apoyo al sistema a través de subvenciones; los agricultores y ganaderos que participan en los Grupos de Trabajo y Comisiones Territoriales gracias a la participación de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura; y la Dirección General de Seguros mediante el Consorcio de Compensación que, en su labor de coasegurador, reasegurador obligatorio y control de peritaciones, garantiza la estabilidad y solvencia del seguro.

Del ‘socorro mutuo’ a hoy

Durante el siglo XX hubo múltiples intentos del Estado para asegurar las rentas de los agricultores y ganaderos, creando hasta siete entidades distintas, cada una de las cuales surgió después del fracaso de la anterior.

Hasta 1919 se venían realizando el “socorro muto” en pequeñas sociedades rurales con mutuas locales que financiaban sus actividades mediante derramas entre los miembros para disponer de fondos con los que auxiliar a los agricultores que hubieran perdido su producción por incendio y, en algunos casos, también por otros riesgos que presentasen una incidencia puntual. La precariedad de las condiciones en que se constituían y la debilidad de su estructura financiera provocaron su desaparición, surgiendo después la Mutualidad Nacional del Seguro Agropecuaria.

Esta fue la primera actuación efectiva desde la Administración para el desarrollo del sistema de seguros agrarios, pero su baja implantación entre los agricultores y la elevada siniestralidad registrada en 1921 terminaron con las reservas existentes que solo cubrieron el 41% de las indemnizaciones totales.

Comienza así un nuevo sistema donde las aseguradoras privadas recuperan el protagonismo y el Estado abandona la actividad aseguradora directa, actuando como reasegurador de las entidades que operan en el seguro agrario. En 1953 se crea el actual Consorcio de Compensación de Seguros. Sin embargo, a pesar de los cambios y de las revisiones de tarifas no se llega a las expectativas, pues la implantación era del 6,3% en 1972.

Un año después se pone en marcha el Seguro Nacional de Pedrisco e Incendio, con el que la Administración retomaba su participación activa a través del SENPA como tomador del seguro de una póliza contratada con diversas entidades aseguradoras. El sector asegurador se encontraba asociado en un “pool” y la participación se realizaba a través de un cuadro de coaseguro con distintos porcentajes de participación. A pesar de las mejoras la contratación y de que casi se duplica la contratación en los seguros de cereales, los importantes daños sufridos en la década de los 70 por sequía y helada, que no cubría el seguro, hicieron que este sistema tampoco funcionase y así se produjo el gran pacto político y social que supuso el punto de partida de la Ley 87/1978 de Seguros Agrarios Combinados que se constituye en la base normativa del actual desarrollo del Sistema de Seguros.